Cada mañana, antes de salir el sol, William ya ha empezado su jornada adicional que no está dentro de su contrato: un desplazamiento de 4 horas diarias. Debe caminar hasta donde toma el bus, que es de carácter informal, el cual lo lleva cerca de una estación de TransMilenio. De allí procede a subir al biarticulado que lo deja cerca de su trabajo y hace la última caminata hasta su destino final.
La duración y complejidad del recorrido no es su única preocupación. Su viaje también implica someterse a una zona como San Mateo, donde la inseguridad es la que gobierna; ahí asegura que ha sido víctima de robo. Ello se convierte en el costo por vivir en una periferia. Como él, hay miles de personas que, más allá de sentirse en un hogar, se sienten en un lugar donde solo existen dormitorios.
Ciudad Verde se concibió en el 2009 como un oasis de formalidad en medio de un mar de urbanismo no regulado en Soacha, un coloso de 327 hectáreas y 56.000 viviendas que prometía dignidad a precio asequible. Sin embargo, tras sus muros de ladrillo se esconde una paradoja cruel: el macroproyecto de vivienda más grande de Colombia dejó mucho que desear en términos de calidad de vida, pues dejó listo el hábitat, mas no la ciudad. Es un espacio tres veces mayor al del Parque Simón Bolívar que lo tiene todo en vías y vivienda, pero poco o nada en bienestar social, empleo o equipamientos públicos.
Para miles de familias colombianas, este megaproyecto de vivienda representaba una promesa concreta: apartamento propio, zonas verdes, conjunto cerrado y financiación accesible. Ciudad Verde se desarrolló bajo la modalidad de Viviendas de Interés Social (VIS), la cual busca facilitar su acceso a personas de escasos recursos al limitar su precio a 150 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes). Dentro de ese marco, este caso fue especialmente innovador en que se contrató como un "macroproyecto", lo que le permitió ser el desarrollo singular de viviendas VIS más voluminoso del país.
Sin embargo, esa promesa traía un gran límite. La arquitecta y profesora universitaria de urbanismo, Clemencia Escallón, lo considera una falla de fondo: el modelo planteó un proyecto que construyó vivienda sin precedente alguno, pero mantuvo una visión netamente habitacional. En otras palabras, el proyecto resolvió la construcción de apartamentos, pero dejando en un lejano segundo plano sin planeación el consolidar la ciudad que debía sostenerlos. Lo único claro en el momento es que esa eventual responsabilidad sería de la administración municipal de Soacha.
El debate sobre este tipo de desarrollos llegó incluso al plano jurídico. Los macroproyectos de vivienda fueron declarados inconstitucionales por la sentencia C-149 de 2010, la cual señaló que ese modelo de contratación se prestaba para que el gobierno nacional omitiera la necesaria participación de autoridades locales en proyectos de esa magnitud, resultando en cargas financieras y operativas sorpresa para los municipios no afines a su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.
Al final, quienes terminan enfrentando las consecuencias de ese modelo son los habitantes del sector, como William, que reconoce que su apartamento y conjunto cumplen con estándares de calidad, pero asegura que los costos de vivir allí son altos frente a lo que se les está ofreciendo. De hecho, su decisión es contundente: si se le presenta la posibilidad de mudarse, lo haría inmediatamente.
El problema de Ciudad Verde no solo es de tiempos, es de oxígeno. Así como William, los habitantes de Ciudad Verde, mientras esperan el bus o caminan hacia el TransMilenio, se enfrentan a un aire catalogado como “insalubre”. En Soacha, las mediciones de material particulado fino suelen ubicarse entre 15-30 microgramos por metro cúbico, con episodios en que llegan a triplicarse, niveles que las autoridades ambientales consideran dañinos para la salud en exposiciones prolongadas.
La dependencia del transporte motorizado, los trayectos largos y la exposición diaria al aire en mal estado aumentan el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como asma, EPOC, bronquitis y cánceres respiratorios. Además, la sobrecarga de la red vial, especialmente la conexión hacia la Autopista Sur en horas pico, transforma el tiempo de muchos residentes en horas de traslado y desgaste cotidiano.
Se estima que alrededor de un 65% de los habitantes de Ciudad Verde se movilizan diariamente para trabajar fuera del sector, que en su contexto hace de la vivienda asequible una factura diaria de tiempo y gasto para las familias. Pero no todos pueden o buscan hacer ese desplazamiento cotidiano. Para algunos habitantes, la alternativa ha sido intentar generar ingresos supliendo las necesidades del propio barrio.
Además de la carencia de equipamientos públicos, Ciudad Verde tampoco cuenta con suficientes edificios comerciales o empresariales para sostener un tejido económico formal. En sus más de 300 hectáreas urbanizadas los focos de actividad productiva son mínimos fuera de los servicios internos de los conjuntos residenciales (vigilancia, administración, mantenimiento), limitándose a escasos locales comerciales instalados a la entrada de algunos de los conjuntos, precisamente, o a los tres pequeños centros comerciales que existen en el barrio.
Sin embargo, es precisamente llenando el vacío del comercio formal donde los habitantes de Ciudad Verde han hallado actividad económica local. En sus calles se puede apreciar un gran número de puestos ambulantes de fruta, verdura, ropa y utensilios de todo tipo, pero ante todo productos de la canasta básica familiar. A lo largo de sus zonas peatonales se forman corredores comerciales informales donde los residentes compran todo lo necesario para su día a día.
El caso de Ciudad Verde refleja lo que algunos investigadores denominan “inclusión violenta”: el proyecto auspiciado por el Estado entrega las llaves del apartamento, pero no las condiciones urbanas para sostener una vida cotidiana, como empleo cercano, comercio, servicios y equipamientos. En ausencia de esa estructura económica, los propios habitantes terminan improvisando soluciones para subsistir. Según la dra. Escallón, la responsabilidad de ese error se le debe atribuir al diseño planteado por el gobierno: “el [promotor] privado solamente está haciendo lo que lo dejan hacer, no tiene la culpa de aceptar un contrato sustancioso servido en bandeja de plata”.
La licitación con que el gobierno nacional gestionó la construcción de Ciudad Verde en 2009 contemplaba que los promotores privados del proyecto se encargaran únicamente de la construcción de las viviendas y algunos parques públicos, todo equipamiento adicional necesario para hacer el espacio habitable iría por cuenta del sector público. Sin embargo, esos equipamientos -colegios, puestos de atención de salud, etc.- en buena medida nunca llegaron a la escala y en el tiempo necesarios para la comunidad que allí reside. La siguiente línea de tiempo muestra algunos de los hitos principales en la evolución de Ciudad Verde desde su licenciamiento en 2009.
El primer inconveniente en esta materia se dejó ver poco tiempo después de inaugurarse los primeros conjuntos residenciales del sector: la ausencia de colegios públicos. Al llegar los primeros residentes al barrio, no existía ningún colegio (público o privado) cercano, ni se contemplaba aún la construcción de uno en el sector. Para muchas de estas familias, eso implicaba tener que hacer gastos diarios de transporte para los niños que, viviendo antes en Bogotá u otros sectores de Soacha, no eran necesarios.
Siendo un proyecto exclusivamente compuesto de viviendas VIS, la población objetivo de Ciudad Verde era hogares con ingresos iguales o menores a los 4 salarios mínimos mensuales (SMMLV), la cual en buena parte depende del sistema público de colegios para la educación de los niños del hogar. Sin embargo, al no contar el municipio de Soacha con presupuesto suficiente para establecer un colegio oficial en el sector, el primero de Ciudad Verde tuvo que ser construido fuera de los planes iniciales del proyecto por las mismas constructoras que edificaron las viviendas.
Ese mismo fenómeno se ve en el sector salud, uno de los equipamientos más importantes y vitales que necesita cualquier población. En el caso de Ciudad Verde, no tuvieron un hospital propio sino hasta después de 13 años de construcción del proyecto. Fue solo hasta abril de 2023 cuando inauguraron la Clínica Avidanti, un centro privado de cuarto nivel con algo más de 200 camas hospitalarias. Aunque su llegada representó un avance en el sector, su capacidad y naturaleza privada dista de resolver por sí sola las capacidades de una población que creció de forma tan acelerada.
Dado que este hospital no tiene la posibilidad de atender a toda la población de Ciudad Verde, sus habitantes deben recurrir a hospitales como el de Soacha. Sin embargo, este cada vez da menos abasto con los habitantes de Soacha. William lleva esperando una cita desde abril del año pasado y no ha podido conseguirla. Esto refleja vacíos no solo de cobertura, sino de operación, por lo que la gente debe buscar alternativas que implican esfuerzos que no se darían en espacios públicos mejor equipados para su población.
Según Escallón, esas son todas consecuencias de lo que considera el problema central del macroproyecto de Ciudad Verde, que es el no haber incluido el establecimiento de equipamientos en el contrato con los promotores privados, o al menos financiarlos -como sí se hizo con la infraestructura vial- con presupuesto de la nación. “Lo que ha podido, lo ha hecho”, dice sobre el trabajo del municipio de Soacha para dotar a Ciudad Verde de equipamientos.
Soacha es un municipio que ha experimentado un crecimiento poblacional explosivo en el transcurso de las últimas dos décadas. En el año 2005, el censo oficial del DANE ubicaba su población apenas por debajo de los 400.000 habitantes; para el año 2018 esa misma cifra era de 660.179 habitantes, pero otras entidades como la Defensoría del Pueblo estimaban extraoficialmente que (debido a un fenómeno de alta omisión censal) la cifra ya rondaba los 700.000 habitantes para el año 2009.
Ese fenómeno de crecimiento explosivo e información inexacta dificulta las capacidades del municipio para financiar grandes inversiones públicas como lo que requería, y requiere aún, Ciudad Verde, un barrio que significaba precisamente en ese entonces dotar de equipamientos públicos espontáneamente a las 56.000 familias que llegarían en años venideros al sector. Algo equivalente a construir recursos adicionales suficientes para la población entera de Tunja en el municipio aledaño a la capital.
El caso de Ciudad Verde deja una lección incómoda: no basta con construir viviendas si no se construye ciudad. Como advierte Clemencia Escallón, cuando el diseño institucional separa casas de servicios, el costo termina trasladándose a las familias. Más que un error puntual, lo ocurrido revela un modelo que priorizó la ejecución inmobiliaria sobre la planeación integral.