“Mi familia llegó aquí con la esperanza de quedarse”, dice Rubén Sierra, habitante del barrio Bolívar 83 y presidente de la Junta de Acción Comunal. En esta zona del municipio de Zipaquirá ubicada a unos 40 kilómetros de Bogotá la lluvia se siente con más fuerza, están en las faldas de una montaña con una vista privilegiada de la sabana norte de la capital, el terreno es inclinado y las casas están ordenadas casi de forma piramidal, lo que hace que el agua corra vertiginosamente en las vías, e incluso en las estructuras de las casas. El riesgo de un deslizamiento parece una especulación dentro de los pobladores:
- Me da miedo cuando llueve, siento que la casa se va a caer - dice una mujer mientras la única buseta que sube al barrio se aproxima a su casa.
- Tranquila, mija. Esta es buena tierra - responde Rubén sin titubear.
En 42 años desde la fundación del Bolívar se han realizado dos reubicaciones, por riesgos asociados con la estabilidad del terreno. La segunda casa de Rubén, construída luego de que su primera casa se desplomara por un deslizamiento de tierra, se encuentra dentro del área roja. Él decidió quedarse: “No iba a abandonar mi casa, la casa en la que crecieron mis hijos”, dice acariciando el marco de la entrada principal.
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Everth Bustamante, exmilitante del M-19 y alcalde de Zipaquirá para el año 2000, declaró el barrio como zona de riesgo. El centro poblado ya había sido legalizado por el Fondo de Vivienda Municipal que, de alguna forma reguló la situación de los habitantes y sus viviendas, asignando escrituras por un pago accesible por el terreno. En la actualidad existe una tensión entre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y las restricciones impuestas por la clasificación del suelo y los riesgos existentes.
Delimitaciones del barrio Bolívar 83. Proporcionado por: JAC - Bolívar 83
Los retos detrás del arraigo
Desde 1987, tras su fundación, el barrio Bolívar 83 ha tenido múltiples retos relacionados con la forma de habitar el territorio. “Mis abuelos junto con mis padres fueron fundadores del barrio, por eso vivo aquí a pesar de todo”, menciona Nicolás Camargo, quién habita en esta zona desde hace 30 años, y también hizo parte del Consejo Territorial de Planeación para el 2013, del que deriva el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente y determina al Bolívar como centro poblado rural y zona de riesgo.
Los primeros diez años del barrio estuvieron marcados por la búsqueda de acceso a servicios públicos. Inicialmente, la misma comunidad elaboró un sistema de abastecimiento de agua en las casas, canalizando la quebrada que sirve de frontera natural para los predios antes poseídos por la Iglesia. Luego, con la legalización del barrio se logró la conexión de alcantarillado y agua por parte de Fo Públicas de Zipaquirá. Lo mismo que ocurrió con la energía facilitada en la zona únicamente por un transformador.
La mayoría de familias que habitan el barrio poseen conexión de gas, pese a estar en una zona de riesgo, cuando según la empresa prestadora de servicio Vanti menciona que uno de los requisitos es el certificado positivo de la Secretaría de Planeación sobre el riesgo de desastres. Lo que implica una tensión entre las necesidades de la comunidad y la reglamentación vigente.Los habitantes tampoco pueden recibir subsidios para mejorar sus viviendas, mucho menos permisos de adecuación para las mismas o certificados de uso de suelos, lo que impide la formalización tanto del comercio como del crecimiento urbano. Con esto se intensifican las diferencias entre las autoridades y quienes viven en el barrio.
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Esta contradicción no es la única para la prestación de servicios en la zona, debido a que a pesar de pagar impuestos, en el barrio no se han realizado obras públicas recientes por parte del municipio, especialmente en materia de vías. Gilberto Torres, arquitecto especialista en ordenamiento territorial de la sabana norte de Bogotá afirma que “la declaración del polígono del Bolívar 83 restringe la inversiones, las intervenciones pueden realizarse, pero deben estar respaldadas por estudios adicionales que justifiquen la inversión y definan las acciones necesarias para mitigar el riesgo”.
Inauguración del polideportivo Bolívar 83. Tomado de: Alcaldía Zipaquirá
Camargo, quién también funge como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) afirma sin titubear que “es falta de voluntad política”, argumentando que para 2024 se realizó entrega de la cubierta del polideportivo del barrio, iniciativa del gobierno departamental, cuya obra inició en 2022. “Se escudan diciendo que el barrio está en riesgo, pero entonces ¿por qué la gobernación invierte pero el gobierno municipal no lo hace?”, dice el directivo de la JAC.
El marco legal y la planificación: un laberinto normativo
El POT establece la priorización de estudios detallados de vulnerabilidad y microzonificación de riesgos para Bolívar 83, con el objetivo principal de determinar la necesidad de reubicación de su población debido a las condiciones de riesgo identificadas. Los estudios más recientes fueron hechos en 2018 para la actualización de este plan, mediante modelos y tomas satelitales que ratificaron la categoría de riesgo.
Mientras el presidente de la JAC recorre “el mirador”, como le llama a la cima de la colina en la que vive, y señala un muro de contención hecho con piedras del tamaño de una canastilla de cervezas dice: “eso lleva ahí más de 30 años, lo construyeron los fundadores reubicados y no se ha caído”, termina recordando a las familias reubicadas. Esa es la experiencia que le permite a la comunidad decir que el riesgo es mitigable y que deben realizarse estudios en terreno para determinar de forma certera las categorías del riesgo.
En el Plan de Ordenamiento Territorial, el barrio también fue determinado como zona rural, beneficiando a los habitantes en el pago de impuestos, pero perjudicándolos en lo relacionado con el mejoramiento de la infraestructura. El arquitecto Torres menciona que: “definir este tipo de zonas como urbanas o rurales depende de muchos factores como la población o la expansión del mismo barrio, pero aún así deberían cubrirse las necesidades de los habitantes”.
Clasificación general del territorio zipaquireño. Tomada de: POT vigente
Maria Paz Villarraga, funcionaria de la Secretaría de planeación afirmó que: “El hecho de que el Bolívar sea zona de riesgo no es sinónimo de una falta de inversión”, dice mientras pone como ejemplo la realización de la cubierta del polideportivo, cuyos recursos salieron de la gobernación pero fueron ejecutados por el instituto de recreación y deporte del municipio.
Esto implica una contradicción frente a la versión entregada a los líderes comunales en una reunión con el alcalde Fabián Rojas, quién afirmó que el municipio solo puede entregar materiales para el mantenimiento de las vías, y son lo pobladores quienes deben realizar las adecuaciones por la zona de riesgo: “Aquí recibimos limosnas, debemos pedirlo todo”, concluye el presidente de la JAC.
A nivel individual, también existen tensiones entre los pobladores y el sector público, debido a que la categoría de riesgo funciona como una excusa para evadir la entrega de subsidios de vivienda, incumpliendo las leyes 1415 de 2010 y 1537 de 2012 que establecen la entrega de ayudas como subsidios e incluso reubicaciones a viviendas de interés social para las familias habitantes de zonas de alto riesgo como lo es el caso del Bolívar.
Re-invasión y complejidad social
Luego de dos décadas del primer proceso de reubicación a las familias fundadoras que habitaban en la parte alta del barrio, nuevas personas llegaron a ocupar esos espacios. En esta zona hay construcciones abandonadas que hoy son propiedad del municipio, pero de las que nunca se tomó posesión. Roberto Mendez, concejal del municipio por el partido MAIS, concluye que: “El paso a seguir de la administración municipal debió ser el cercado en esa zona, por el riesgo y la anticipación de una reinvasión”.
Aproximadamente doce familias repoblaron la zona con chozas improvisadas hechas de palos, tejas y polisombras, sostenidas por las antiguas estructuras construidas por los fundadores reubicados. No tienen acceso a ningún servicio público y tampoco cuentan con alcantarillado, por lo que viven en condiciones insalubres. Los vecinos afirman que esto genera filtraciones de aguas negras en sus casas, que se juntan con la humedad causada por la temporada de lluvias y los estados de las vías que facilitan la entrada del agua a las casas.
En el cordón de alto riesgo habitan niños y adultos mayores, todas las familias son población vulnerable. Camargo y Mendez concuerdan con que: “algunas de estas personas contribuyen al incremento de los problemas de seguridad en el barrio debido a que presuntamente hacen parte de redes de microtráfico y delincuencia común”.
Murales en el Bolívar 83. Tomado de: Mil colores para mi pueblo
Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento por los miembros de la Junta de Acción Comunal y algunos concejales a la dirección municipal, pero reafirman que las autoridades no han generado estrategias para solucionar la situación. El concejal Mendez afirma que: “se necesita voluntad de la alcaldía para reubicar a estas personas y darles condiciones de vida dignas”.
Los habitantes del barrio consideran que existe una discriminación sistemática, no sólo por lo relacionado con la conformación del centro poblado, sino porque el barrio se ha catalogado como una zona insegura: “Tenemos problemas como cualquier otro barrio, somos importantes durante las campañas electorales, pero no se ejecuta nada para nuestro beneficio, por eso tenemos problemas en materia de vías e inseguridad”, concluye el presidente de la JAC.
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El futuro del ordenamiento territorial y el Bolívar 83
Uno de los retos del gobierno municipal actual es la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, debido a que la ley 1551 de 2012 establece que este proceso debe realizarse cada 12 años. Para modificarlo debe pasar por un proceso de revisión donde se elabora un diagnóstico completo del estado del municipio, además de una previsión de demandas a futuro, estableciendo sistemas de evaluación para el plan.
En el POT vigente, elaborado en 2013 se establece la evaluación de reubicación de las familias del Bolívar con base en estudios de riesgo especializados. Sin embargo, el gobierno municipal ha dilatado la respuesta a un derecho de petición radicado por Plaza Capital, en el que se consulta si se ha considerado la ejecución de un nuevo proceso de traslado de las familias. El experto en ordenamiento territorial, Gilberto Torres menciona que: “es importante realizar estudios adicionales que evalúen el historial de afectaciones de la zona a largo plazo y que tomen en cuenta el conocimiento de los habitantes antiguos para tomar decisiones”.
Para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial los municipios deben recibir aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional (CAR), organismo que también se encarga de elaborar estudios ambientales, y que para el POT vigente determinó al Bolívar como zona de riesgo. Lo anterior, según los directivos de la JAC, se tradujo en la construcción de un muro de contención para el barrio por parte de la autoridad ambiental, una inversión sobre la que la entidad no ha dado declaraciones, y que la comunidad espera se replique en otras zonas del barrio que presentan condiciones similares.
Mapa satelital de vías Bolívar 83. Tomado de: Google Maps
Rubén Sierra, presidente de la JAC se apoya en la baranda de color amarillo y mira hacia abajo, donde la quebrada choca con el muro de contención y dice: “creemos que pueden realizarse otras obras de mitigación, eso facilitaría otro tipo de inversión como las vías”. La mitigación de riesgos sólo puede darse en cordones delimitados, en el caso del Bolívar la tercera y cuarta cuadra, de cinco posibles.
Para la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial, programada para este cuatrienio, se espera que se realicen estudios detallados en campo, para resolver los vacíos de las zonas de riesgo y la tipificación como zona urbana del barrio Bolívar. Esto depende del Consejo Territorial de Planeación que conforme la administración municipal, este organismo se encargará de solicitar todos los recursos técnicos necesarios para formular el POT.
El concejal del partido MAIS concluye que: “si la administración municipal presentara el plan, evaluaríamos en detalle todos estos temas, debería favorecer a estas comunidades y la inversión en estudios de calidad”. Mientras tanto, los habitantes del barrio no perciben el lugar como una zona de riesgo, porque es allí, en el lugar que sus abuelos y padres construyeron donde quieren continuar con sus proyectos de vida.
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