El partido Dignidad y Compromiso, y la abogada Ana Bejarano Ricaurte, codirectora de la organización El Veinte, presentarán en el inicio de la legislatura 2026 un proyecto de ley conocido como Ley Anti-Cepo, destinado a combatir el uso abusivo del sistema judicial para intimidar a periodistas, medios y defensores de derechos humanos. 

El Veinte, organización que centra su trabajo en la defensa de la libertad de expresión a través del estudio y erradicación del fenómeno del acoso litigioso, había enviado a Pedraza una carta formal el 23 de febrero de 2026 con las propuestas concretas de reforma. La iniciativa fue además estudiada y respaldada por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP) antes de su radicación. 

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¿Qué propone el proyecto? 

La iniciativa introduce reformas al Código General del Proceso y a la Ley 906 de 2004 en el Código de Procedimiento Penal para que jueces y fiscales cuenten con herramientas técnicas que les permitan identificar, sancionar y detener el acoso litigioso: procesos judiciales interpuestos con fines de intimidación o silenciamiento en lugar de resolver un conflicto legítimo. 

Por primera vez en la legislación colombiana se incluiría una definición legal de acoso litigioso: toda actividad planteada ante la Rama Judicial encaminada a censurar asuntos de interés público, sin el debido respaldo probatorio o actuando de forma temeraria, empleando el sistema judicial con fines intimidatorios o silenciadores. El fenómeno se consideraría agravado cuando se hubieran interpuesto reiteradas peticiones denegadas por los jueces. 

Entre las medidas concretas, el proyecto contempla la terminación anticipada de procesos civiles cuando se compruebe prima facie que la causa corresponde a acoso litigioso, con condena en costos e imposición de una multa de 30 salarios mínimos al demandante. También busca facilitar el archivo de denuncias penales con fines intimidatorios cuando la Fiscalía constate que la causa corresponde a un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Además, permitiría solicitar el cambio de radicación de un proceso cuando esté asociado a argumentos de acoso litigioso, y ordenaría a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla impartir un módulo de formación obligatoria sobre el fenómeno para jueces de todas las jurisdicciones. 

Ana Bejarano explicó: "Lo más importante del proyecto para nosotros es la formación de los jueces para que empiecen a entender cómo se usa el sistema de justicia de maneras abusivas, y también que exista una definición legal." 

Portada: Ley Anticepo. Tomada de: Página web del Veinte

¿Por qué ahora? 

Colombia y América Latina registran un incremento sostenido del acoso litigioso contra defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y usuarios de redes sociales. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 14 casos en 2017, 38 en 2018 y 66 en 2019, y en 2025 registró 469 agresiones totales contra periodistas, incluyendo amenazas, presiones judiciales y hostigamiento. Por su parte, la organización Front Line Defenders señaló que la criminalización fue la forma más habitual de agresión en 2022, representando el 34% del total de agresiones registradas, afectando especialmente a quienes trabajan en derechos ambientales, territoriales y libertad de expresión. 

La congresista Pedraza lo enmarcó como una herramienta democrática: "Esto permite que las personas elegidas por voto popular, que concentramos poder político, o también los delegados del gobierno, tengamos que rendir cuentas. La prensa tiene que hacer investigaciones porque también es su deber." 

El proyecto responde también a un mandato internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palacio Urrutia v. Ecuador, estableció que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas para prevenir que funcionarios públicos acudan ante instancias judiciales con el objetivo de silenciar críticas, calificando los SLAPP, demandas estratégicas contra la participación pública, como un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado. En la misma línea, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la OEA y la CADHP han instado a los Estados a garantizar que los tribunales estén facultados para desestimar de forma sumaria y en una fase temprana las demandas de este tipo. 

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A nivel comparado, legislación Anti-SLAPP existe en estados como California, Texas y Louisiana en Estados Unidos, y en Canadá, donde mecanismos procesales similares permiten terminar anticipadamente procesos que busquen limitar el ejercicio de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público. 

Un terreno que ya había sido abonado 

Este no es el primer intento legislativo en Colombia. En 2021 se tramitó el proyecto de ley 090, que introducía disposiciones anti-SLAPP y fue finalmente archivado. En 2022 y 2023 se presentaron iniciativas similares, igualmente sin resultado. La propia Corte Constitucional, en auto del 17 de octubre de 2023, reconoció la importancia de legislar sobre el fenómeno del acoso judicial, pero señaló que esa competencia le corresponde al legislador, no a la vía judicial, lo que, según las promotoras, refuerza la urgencia de actuar por esta vía. 

Las promotoras insisten en que la ley beneficiaría especialmente a periodistas regionales, comunitarios y defensores de derechos que enfrentan demandas estratégicas sin los recursos para sostener largas batallas judiciales, precisamente el grupo más expuesto a la asimetría de poder que caracteriza el acoso litigioso, en el que actores con acceso a costosas firmas de abogados pueden generar desgaste económico, reputacional y emocional incluso cuando sus pretensiones carecen de mérito jurídico. 

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